Hace 4 años, en la anterior legislatura, dos diputados, Jesús Antonio Ralda y José Alejandro Arévalo, con el espíritu de impulsar y flexibilizar herramientas de crédito de arrendamiento con opción de compra de un bien a cambio de pagar rentas periódicas, presentaron la iniciativa 4896 Ley de leasing, que busca regular los contratos de arrendamiento para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. El proyecto se encuentra detenido en tercera lectura desde mayo de 2016, consta de 15 artículos, y hasta ahora se han presentado tres enmiendas, que incluyen la creación de contratos inmobiliarios, habitacionales y de vivienda con interés social.

Cuatro año después, en 2020, la Comisión de Economía, presidida por el diputado Enrique Montano, ha retomado la iniciativa y presentó un nuevo dictamen. Ello revierte de gran importancia, particularmente en la coyuntura a la que nos enfrentamos en Guatemala por el impacto económico de la covid-19 y más recientemente por las depresiones tropicales Eta e Iota.

La comisión preparó el dictamen con 15 enmiendas para asegurar que se pueda implementar la ley. Se hicieron enmiendas para mejorar las definiciones de la actividad de leasing, incluir la contratación de seguros, el registro de los bienes, la regulación de las compañías que se dedican a esta actividad y que el leasing no se interprete como una renta.

El diputado Montano afirmó: “la normativa será un instrumento para dinamizar la economía y beneficia a los pequeños y medianos empresarios que carecen de capital de trabajo para la adquisición de bienes muebles e inmuebles”.

Autora: Ester Brol